La notificación por el traspaso exitoso del 10% de los fondos de pensión apareció en el sitio principal de su AFP la tarde del 3 de agosto pasado. Del otro lado de la pantalla, una mujer de 56 años, residente en la ciudad de Ovalle, ignoraba el mensaje y continuaba intentando realizar el trámite que, hasta hoy, han hecho más de ocho millones de personas. Algo pasaba que no podía. Con el correr de los minutos, la mujer comprendió lo que había ocurrido: había sido suplantada.
La denuncia presentada ante la Fiscalía de Ovalle se transformó en una de las primeras investigaciones penales que inició el Ministerio Público por una presunta usurpación de identidad para apoderarse de este ingreso surgido en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 y las altas cifras de desempleo. La causa, que mantiene la identidad de la víctima bajo resguardo, quedó en manos de Carlos Jiménez, fiscal jefe de esa zona, quien ha instruido distintas diligencias para dar con los responsables del hecho.
El trámite virtual para obtener el 10% de los fondos de jubilación comenzó el 30 de julio pasado y acumula más de 8,7 millones de requerimientos, que el 13 de agosto comenzaron a ser pagados a los afiliados. El alto flujo de información, sumado a la rapidez del trámite, dicen en la policía, fueron un incentivo para la proliferación de organizaciones criminales que han intentado distintos métodos y estrategias para apoderarse de estos dineros. El caso de la mujer de Ovalle sería uno de ellos. Pero no el último, aseguran en la fiscalía.
Es así como una de las primeras diligencias del equipo investigador fue recopilar antecedentes sobre la afiliación de la víctima a una AFP y, posteriormente, determinar el destino que tendrán los fondos presuntamente arrebatados. “Con eso podemos saber o investigar la forma en que se hizo ese retiro, ya sea con depósito o transferencia a alguna otra cuenta o con algún retiro de dinero en efectivo”, aseguró el fiscal de Ovalle, Carlos Jiménez.
A más de 400 kilómetros de distancia de esa zona, en la comuna de Santiago, otro hecho similar ingresó al sistema de la Fiscalía Centro Norte. El 5 de agosto, un afectado denunció cómo su trámite para el retiro de los fondos había sido realizado previamente por un desconocido. A diferencia del caso de Ovalle, esta vez el victimario habría dejado su correo electrónico y el de la víctima para que ambos reciban de manera simultánea la notificación del traspaso de dinero y así no levantar sospechas. Esta causa sería una de las primeras de su tipo registradas en la Región Metropolitana, para la cual se derivaron los antecedentes a un equipo de fiscales especializados en delitos económicos, quienes ya solicitaron las primeras diligencias a la policía para identificar a los responsables.
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